El Gobierno oficializó hoy su decisión de congelar el ingreso de personal al Estado Nacional, para disminuir el gasto público en un 30% este año por ese concepto y lograr una “Administración Pública más eficiente y eficaz”.

La medida se formalizó a través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña y de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra.

En el extenso texto oficial, la Casa Rosada estableció que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional “no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019“.

El decreto exceptúa a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad -excluido el personal civil de esas citadas fuerzas-.

Tal como se había anunciado, las medidas especificadas apuntan a una reducción del gasto de 25.000 millones de pesos. En este sentido, el Ejecutivo argumentó que “la asignación de recursos a la Administración Pública debe ajustarse estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y objetivos previstos”.

“La calidad en la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía, esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos”, expresó el Ejecutivo en los considerandos de la medida.

Las medidas del decreto:

Convenios con universidades: Quedarán desafectados todos los convenios de servicio de asistencia técnica a partir del año que viene y no se podrán “celebrar nuevos convenios”. Según publica La Nación, esta modalidad es la que le permitió al Gobierno contratar personal de forma tercerizada a través de universidades públicas. Al momento, son cerca de 6000 empleados dentro de este sistema y, con esta medida, 3000 serán despedidos.

Bonos: No habrá más “bonificaciones, premios, incentivos o suplementos” al sueldo de los empleados públicos. Los ministerios deberán relevar los casos existentes paraque una comisión técnica asesora de política salarial del sector público se expida sobre la legalidad, pertinencia y continuidad” de esos plus salariales. Quedan suspendidos hasta diciembre de 2019 los pagos extra.

Viajes oficiales: Se disminuirán en un 30%. Los ministerios deberán recortar este porcentaje en relación a los pasajes, comidas, gastos de movilidad y viáticos.

Vehículos oficiales: Se relevarán los vehículos existentes en un plazo de 30 días para determinar que unidades forman parte de una “flota óptima” para cada dependencia estatal. Se suspenderán la adquisiciones de vehículos y los contratos de leasing que están en trámite.
Entes descentralizados y desconcentrado: De acuerdo al decreto, en 90 días la Jefatura de Gabinete deberá revisar las estructuras de los entes descentralizados o desconcentrados, que tienen otra modalidad habitual de contratación por fuera de las plantas permanentes y temporarias del Estado.
Sociedades del Estado: Las empresas y sociedades del Estado deberán presentar ante el Ministerio de Modernización y a la Jefatura de Gabinete un informe sobre  “la estructura orgánico funcional, el régimen de empleo y contratación de servicios y la planificación de gastos de personal para 2019”.
Directores: Los directores de Estado que ejercen otras funciones públicas deberán optar por recibir sólo uno de sus salarios.
Por último, el Gobierno nacional invitó al “Poder Judicial de la Nación, al Poder Legislativo Nacional, a las provincias y a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares a las establecidas en el decreto”.

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