A mediados de 2016, el diputado provincial Lissalde (Frente Renovador) presentó un proyecto para llenar un espacio vacío en la provincia de Buenos Aires: la creación de un colegio de ingenieros agrónomos.

Estos profesionales formaban parte del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA), que nuclea a todas las ramas de la ingeniería.

En Buenos Aires existen cerca de 15.000 ingenieros agrónomos, quienes en la actualidad se encuentran nucleados en la RAIABA (Red de Asociaciones de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires), compuesto por asociaciones y círculos de toda la provincia.

El proyecto de ley, que fue aprobado en la cámara baja la semana pasada, divide a la provincia en cuatro regiones, con un Consejo Directivo provincial y dos representantes de cada región.

Tras un intenso debate parlamentario, que incluyó reuniones en la Comisión de Asuntos Agrarios de la cámara de Diputados, su pase por Senadores y una férrea oposición del CIPBA, esta iniciativa finalmente fue aprobada.

En declaraciones periodísticas, Lissalde explicó que el Colegio tendrá sede rotativa, según las autoridades regionales que lo gobiernen.

“Esta ley está inspirada en la libertad de caja y obra social, porque tiene como espíritu, entre otras cosas, reglamentarla, jerarquizarla pero también hacer de ésta, una profesión libre en el más amplio ejercicio”, explicó el legislador oriundo de Saladillo.

Además, consideró que “es un hito que los futuros colegiados puedan elegir su caja previsional”.

Con la aprobación en la cámara baja, los profesionales tendrán unos 90 para organizarse y elegir sus autoridades. Con este primer paso dado, el desafío para los agrónomos bonaerenses es enorme. Mientras empiezan a organizar su vida institucional, los desafíos que enfrentaran como institución son de diverso calibre.

Uno de ellos será ordenar la legislación vigente en relación al uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires.

Durante la gestión de la diputada María del Huerto Ratto al frente de la comisión de Asuntos Agrarios, se presentó una iniciativa para modificar la todavía vigente Ley 10.699. El proyecto de ley, redactado por el diputado Alfonso Coll Areco fue objeto de varias modificaciones, pero finalmente fue desaprobado y el proyecto perdió estado parlamentario.

 

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