“Hasta las últimas consecuencias”, expresó el presidente de la Usina Popular Cooperativa Antonio Vilchez.

Se refería así a las acciones que tomaría el consejo de administración que preside ante la toma de conocimiento público de que de la tesorería de la entidad, faltaban casi 90 cheques por un monto total de 3.189.000 pesos, órgano interno de la institución gobernada por el partido peronismo FE hace muchos años.

Todo apuntaba a la responsabilidad del contador público y concejal Francisco Medina, titular y con firma en esa área de la Usina, como responsable de ese faltante. Inclusive se formuló una denuncia penal para que se investigue la eventual misión de un delito tipificado en el código penal.-

Antes de avanzar en esta columna quiere aclarar que no conozco en persona al Sr. Francisco Medina. Sé quién es en tanto es una figura pública. Ni siquiera sabía que cumplía funciones en la Usina local. Soy socio de la Usina como todos los que tenemos un medidor.

Continuado con el tema el “Medina- gate”, siguió con la información de la aparición de una parte del dinero que representaban parte los cheques faltantes, girados desde unas cuevas financieras de la Capital Federal.

Los que vivimos en Necochea y en la Argentina sabemos de sobra que cuando se dice “hasta las últimas consecuencias,” en forma ampulosa y sobreactuada, nunca pasa nada de lo que se promete. Este caso no es la excepción-

La última parte de la trama es que el consejo de administración de la UPC autorizó a Vílchez a negociar con el señalado Medina a que renuncie, previo acordar una devolución de cheques, como consecuencia de ser el responsable del área.

Esto se había ya motorizado en una reunión mantenida entre  autoridades de la UPC, el sr. Medina y sus asesores. Es decir,  la entidad entiende que Francisco Medina no cometió delito, y que sólo hay responsabilidad administrativa

Es decir que luego de  significar, sin disimulo, que el empleado Medina podría estar implicado en un delito se pasó a que el contador  Medina, como responsable de Tesorería, se hace cargo del error por el faltante de los cheques y se ocupará de  que al tesorería recupera los valores desaparecidos.

Todo queda en una obligación funcional no delictiva y se le acepta la renuncia, lo cual define la suerte de la causa penal hacia su cierre.

La población y los socios  pasaron de hablar del “MEDINA-GATE” a hablar del “USINA-GATE”, habiendo quedado en tela de juicio la fiabilidad de la organización y su conducción.

Sin dudas este hecho ha afectado la credibilidad de la gestión Usina pues la gente se pregunta qué otras cuestiones no han salido hoy a la luz relativos a todo el desenvolvimiento de la entidad.

PD: MEDINA Y EL HCD

Francisco Medina aparte de ser o haber sido empleado de la UPC es además concejal cercano a la gestión López.  Como edil goza de inmunidad parlamentaria, salvo que se lo encuentre en un delito flagrante, es decir con las manos en la masa, popularmente dicho.

Por estos días, también se conoció que el concejal Jorge Martinez (a quien respeto y aprecio), ha manifestado que de hacerse presente Medina en la próxima sesión del cuerpo edilicio él se levantaría y se iría.

También en el mismo sentido se expresé el presidente del cuerp,o el concejal del PRO, Ernesto Mancino, quien dijo que en el mismo caso tampoco cumplirá con sus obligaciones institucionales de presidir la sesión.

Ambas expresiones me azoran, más en el caso del presidente del Concejo que viene de un conflicto delicado que puso en jaque su Presidencia.-

Ambos ediles, creo, yerran con la metodología, que no es institucional sino de búsqueda de efecto político.

Ellos han sido elegidos para cumplir su función legislativa por el plazo de duración de su mandato, lo cual no incluye actos de indignación por una cuestión como esta.

Si consideran que Francisco Medina debe ser sancionado o separado del cuerpo deben verificar que su comportamiento, encuadre en las causales previstas en la ley orgánica de las municipalidades o el reglamento interno del HCD y seguir el procedimiento allí previsto.

La tentativa de condena moral y política está fuera de lo que está normado y regulado, lo cual  los ediles y más el presidente del cuerpo deberían saber antes de tener actitudes que riñen con su función y con la institución que integran y representan.

Francisco Medina, objetiva y técnicamente nunca fue imputado ni procesado por delito alguno en este caso, menos ahora con el acuerdo con UPC donde se acuerda un responsabilidad funcional.

O sea que más allá de la opinión que cada uno tenga no hay causal de remoción ni suspensión del cuerpo como edil. Los anuncios realizados son puro marketing político. Por lo que Medina puede y debe concurrir a cumplir sus tareas de concejal.

Más allá del hecho específico este tema ha desnudado que existe en Necochea, un crisis de gestión y representación  en la Usina y falencias también en la representación electiva.Algo nos pasa como sociedad y no es poco.

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