Mañana, el Concejo Deliberante llevará a cabo una nueva sesión ordinaria. Sin embargo, en esta oportunidad los ojos parecen no estar puestos en los proyectos que deben resolverse, sino en una cuestión de ética y moral: ¿qué va a hacer Francisco Medina?

El actual concejal vecinalista fue denunciado penalmente por su empleador, la Usina Popular Cooperativa “Sebastián de María”, por el faltante de alrededor de 80 cheques, por un monto cercano a los 3.000.000 de pesos. Desde ese momento, Medina desapareció de la faz de la tierra y todos esperan conocer su decisión para luego actuar sobre la misma.

Hasta el momento, la única reacción política al respecto fue la del bloque de Compromiso y Trabajo por Necochea. María Eugenia Ruiz y Jorge Martínez adelantaron que si Medina se presenta mañana en el HCD, ellos no se sentarán en sus bancas. Actitud similar parece haber tomado el presidente del HCD, Ernesto Mancino (PRO), aunque oficialmente nada ha dicho.

Unidad Ciudadana envió un fuerte comunicado sobre el tema, con críticas a Medina, la UPC, Facundo López y hasta el propio Mancino. Nada dice sobre qué postura podrán tomar mañana.

La realidad es que desde lo legal, Medina tiene el derecho a sentarse en su banca y ejercer su rol de concejal elegido por el pueblo. Ser investigado no significa ser culpable. El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Cabe aclarar que Medina no negó lo sucedido y esto lo aleja más de la “presunción de inocencia”. Con estas palabras no busco defenderlo, pero las leyes son claras y deben acatarse.

Un ejemplo de esto es lo sucedido con dos diputados nacionales: Julio De Vido, a quien sus pares le otorgaron el desafuero reclamado por un juez federal sin tener sentencia alguna; y Aida Ayala, sobre quien pesa un pedido igual, pero aún no se ha resuelto en la Legislatura nacional. Ninguno de los diputados posee condena alguna, por lo que se ha criticado fuertemente la actuación de los jueces al respecto.

Francisco Medina se encuentra  en la misma posición: existe una denuncia penal en su contra, aún no fue siquiera llamado a indagatoria y, por ende, aún resta mucho para saber si realmente es culpable de lo que se lo acusa.

Teniendo en cuenta esto, bien podríamos afirmar que todo se limita a lo ético y lo moral. Pero las preguntas que sobrevuelan mi cabeza mientras escribo esto son: ¿el HCD debe actuar sobre lo ético y lo moral? ¿Es su rol hacerlo? ¿Qué par de Medina puede decir qué es ético y qué moral, y en base a qué criterio?

Si fuese por mi criterio u opinión, Medina debería solicitar él mismo la licencia hasta tanto se aclare esta situación. Es más, a mi entender el Concejo Deliberante sí debería llamar a un Concejo en Comisión para que allí se brinden las explicaciones públicas que todos exigimos.

Quiero escuchar la palabra de las autoridades de la UPC, de Francisco Medina y de los representantes de la Municipalidad ante la Usina. Luego de esto, seguramente formaré mi opinión al respecto y podré calificar la actuación ética y moral del concejal al que hacemos referencia. Mientras tanto eso no ocurra, no creo que el criterio de alguno de los demás concejales se aproxime al mío.

El HCD tiene herramientas para actuar por lo que ha sucedido y creo que tiene la obligación de hacerlo, porque son representantes del pueblo y deben bregar por las instituciones de nuestra ciudad, en este caso la UPC.

La Justicia también tiene herramientas para determinar qué fue lo que sucedió con esos cheques, qué rol cumplió Medina y, si es hallado culpable, otorgarle la pena que el Código Penal establece.

Medina ha actuado según lo determina su libre albedrío. Puedo asegurar que no coincide en nada con el mío, pero no por eso puedo juzgarlo o esperar que lo haga el Concejo Deliberante, ya que, repito, difiero con el accionar ético y moral de varios de sus integrantes. A ellos tampoco los juzgo y espero que tampoco lo hagan conmigo.

 

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