Entre el cuidado sanitario y el morbo del «escrache social»

Por Carlos González Oronó

El pico de contagios de Coronavirus en Necochea, como consecuencia del accionar irresponsable de dos personas que regresaron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disparó un debate interesante en las redes sociales, grandes protagonistas en esta etapa de pandemia.

¿Hay que citar los nombres de los infectados? Si lo hace un medio de comunicación está penado por la ley. Es delito. Las redes sociales (Facebook. Twitter. Instagram) han sido campo fértil para que cada ciudadano se exprese como se exprese. Probablemente, reflejando el malestar que ha provocado el retroceso de la cuarentena, a raíz del brote de Coronavirus en la ciudad.

No obstante, la sociedad exige nombres a los medios de comunicación y -sinceramiento mediante- porque algunos necesitan saber quiénes son los contagiados por medidas preventivas, pero -una enorme mayoría- debido a que hacen catarsis del escrache público.

Así, el emisor del mensaje se convierte en una suerte de fiscal y el resto de los opinantes en ligeros jueces de garantías, avalando todo tipo de información con inexactitudes diversas y consideraciones realizadas desde el desconocimiento de la realidad. Todos opinan, sabiendo o no.

El escrache, en cualquiera de sus manifestaciones, es una conducta tan repudiable como la de aquellos que violaron leyes. Para eso está la Justicia, aunque no actúe de la manera que deseamos. Al menos no está validado por este columnista, pese a que seguramente habrá voces que se alcen con la misma desconsideración que lo hacen en las redes sociales.

En el caso que nos ocupa, deberíamos centrarnos en aquellas dos personas que trasladaron el virus a la ciudad como de lo que participaron del famoso «baby shower». En todo caso habrá que exigir a la Justicia que actúe sobre ellos por su irresponsabilidad y por el desastre que causaron. Hoy el reclamo permanente en las redes sociales entorpece la investigación del mapa epidemiológico por el temor de muchos involucrados al escarnio social.

Los medios, en tanto, tienen la obligación de informar bajo ciertos parámetros. Si en algún caso policial no se citan nombres es para no entorpecer investigaciones de fiscales, como así también es una actitud responsable no citar nombres -ni siquiera mencionar hechos- de personas que se han suicidado, porque según avezados comunicadores y profesionales de la salud mental esa posible difusión causa psicosis colectiva.

Bien lo informó -de manera seria y responsable el portal Cuatro Vientos- no se puede violar la ley por más que muchos lo exijan, por eso transcribo algunos párrafos de la ley 25.326 referida a la protección de datos personales.

ARTICULO 8° — (Datos relativos a la salud).
Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional.

ARTICULO 9° — (Seguridad de los datos).
1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.
2. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.

ARTICULO 10. — (Deber de confidencialidad).
1. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos.
2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

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