A la par del Gobierno nacional, que renovó por decreto la prohibición de aumentar tarifas de servicios públicos hasta fin de año, la administración bonaerense de Axel Kicillof negocia con las distribuidoras provinciales. La información conocida no menciona aún -cosa que se prevé contemplaría esta medida- a las cooperativas del interior provincial

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, buscará renovar la prohibición para aumentar tarifas eléctricas en el territorio provincial por un plazo de 180 días.
Para eso trabaja en un acuerdo con Rogelio Pagano, el “dueño” del monopolio de la distribución, titular del grupo que controla las empresas EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, que son las firmas encargadas de llevar la luz al sector con mayor cantidad de clientes en el territorio bonaerense.

En los informes surgidos en La Plata no hacen mención a las distribuidores del interior provincial, ámbito que comprende, por ejemplo, a las cooperativas encargadas del servicio en el partido de Necochea.

La Provincia y el grupo de empresas de Pagano habían llegado a un acuerdo similar a comienzos de año, pero se venció el último 30 de junio, hace casi una semana.
Por eso, las partes encaran negociaciones para extenderlo hasta fin de año, tal como hizo Alberto Fernández a nivel nacional.

La información fue confirmada a portales platenses desde fuentes del Ministerio de Infraestructura provincial.

“La voluntad es extender el congelamiento de las tarifas, sobre todo atendiendo a la situación económica y a la emergencia sanitaria”, señalaron. “En principio sería por 180 días, se está discutiendo y tratando de consensuar”, insistieron en la cartera que conduce Agustín Simone.

Así, busca seguir los pasos del gobierno de Alberto Fernández, que decretó hace dos semanas el congelamiento de todas las tarifas de servicios públicos: luz, gas, agua, pero también telefonía, internet y cable.

El contenido de esas negociaciones no ha trascendido y se mantiene bajo siete llaves. La relación entre las autoridades provinciales y las empresas distribuidoras comenzó con el pie izquierdo porque, apenas horas después de perder en las Elecciones Generales, María Eugenia Vidal autorizó fuertes incrementos de las tarifas.

Lo primero que hizo Axel Kicillof fue anunciar que dejaría sin efecto la medida y así lo consiguió. Luego logró el acuerdo para congelar los aumentos, bajo la premisa de revisar los contratos de concesión, los cuadros tarifarios y las inversiones realizadas por los privados.

A cambio, el Gobierno permitió que se siguiera cobrando el polémico “ICT”, un ítem creado por el gobierno de Vidal para que las distribuidoras recuperaran las diferencias de costos generadas a partir de las devaluaciones del peso en los cuatro años de administración de Mauricio Macri.

También dio el visto bueno para suspender, durante el tiempo que dura el congelamiento, “las penalizaciones aplicadas (…) a los distribuidores provinciales y municipales, correspondientes al semestre que abarca del 2 de junio de 2019 al 1° de diciembre de 2019 y las del período comprendido entre el 2 de diciembre de 2019 y el 1° de junio de 2020”.

Nuevamente, Infraestructura subrayó que las penalizaciones “no se perdonan”, sino que se suspenden. No es un tema menor: hay que recordar que el OCEBA le impuso a la distribuidora EDELAP multas por 200 millones de pesos y penalizaciones por 25 millones por el apagón registrado en junio de este año en la zona norte de La Plata.

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