El Gobierno pagará este viernes al Fondo Monetario Internacional (FMI) US$ 2.700 millones, que estarán integrados en parte con Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda que utiliza el organismo multilateral, y otra con yuanes de libre disponibilidad.
De esta manera, “se cumple con lo que se acordó con el Fondo y al mismo tiempo no se pondrán en riesgo las reservas del Banco Central”, informó ayer la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
Según confirmaron fuentes oficiales a Télam, se utilizarán 1.700 millones de DEG y, el resto, se pagará en yuanes de libre disponibilidad del swap de monedas con el Banco Popular de China.
Esto permitirá no usar dólares de las reservas del Banco Central y, al mismo tiempo, mantener al día los pagos al organismo multilateral mientras avanzan las negociaciones en las que se busca reformular el programa acordado en marzo de 2022.
El FMI recibiría los yuanes, que podría intercambiarlos por DEG al Banco de China, o bien a otro país miembro que necesitara yuanes para realizar transacciones.
El pago corresponde a dos vencimientos, ocurridos el miércoles y jueves de la semana pasada, fechas inicialmente previstas para abonar al organismo US$ 921 millones y US$ 1.780 millones, respectivamente, aunque el Gobierno consiguió el aval del Fondo para cancelarlo de este modo, a la espera del avance en las negociaciones.
Las fuentes señalaron que continúan las conversaciones correspondientes a la quinta revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas y que, en base al programa existente, la Argentina recibiría unos 3.000 millones de DEG -equivalentes a casi 4.000 millones de dólares- en caso de obtener el aval del organismo.
El objetivo del Gobierno es que el desembolso sea mayor a ese monto -de al menos el equivalente a fondos de lo que restan en el semestre, por unos US$ 10.600 millones- para ayudar a paliar el fuerte impacto de la sequía en las reservas internacionales en poder del Banco Central.
En concreto, el Gobierno solicitó reformular el programa, un pedido que contempla el adelantamiento del cronograma de desembolsos previstos para el corriente año, y cambios en las metas fiscales y de reservas, ya que la sequía determinará pérdidas cercanas a los U$S 20.000 millones, según los últimos cálculos oficiales.
