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El pedido y posible intervención de la Usina Popular Cooperativa no afectará al plantel de trabajadores

Por Jorge Gómez

Variados rumores que calificarían de malintencionados comenzaron a circular después de que se conociera la decisión firme por parte del gobierno provincial como así de la Municipalidad de Necochea de intervenir la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María de Necochea, concesionaria del servicio eléctrico en nuestro medio.

César Arrieta, jubilado del Sindicato de Luz y Fuerza, es el actual secretario general del consejo de administración, y la realidad -afirman fuentes varias- es quien decide cotidianamente sobre los destinos de la entidad cooperativa local.

Sería quien estaría generando una suerte de presunto “pánico” entre los trabajadores, aduciendo que podrían quedar en la calle de aplicarse aquella extrema medida.

Fuentes provinciales y locales consultadas por el portal de Necochea Digital, como así por otras voces que conocen del tema, indican que la posible intervención de la cooperativa eléctrica necochense no afectará los derechos adquiridos por los trabajadores, ni tampoco los alcances del contenido y cláusula que hacen al convenio colectivo, ni la bolsa de trabajo del gremio de Luz y Fuerza.

Entre los motivos para la intervención se encuentran varios, muchos de ellos señalados por el intendente municipal Arturo Rojas en varios discursos, pero los fundamentos para avanzar con esta importante medida se basan en la importante deuda que la UPC mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), a quien se le compra la energía eléctrica que luego se vende a los asociados del servicio local la cual ascendería a más de 8.300.000.000 de pesos.

¿Qué alcances tendría una intervención?

La Usina Popular Cooperativa Eléctrica Sebastián de María de Necochea podría enfrentar su primera intervención en su historia como prestataria del servicio eléctrico, solicitada por el propio intendente con el respaldo y aval del gobierno provincial, debido a los presuntos manejos irregulares que la institución ha experimentado en los últimos años.

Vista esta circunstancia: ¿qué cambios conllevaría una intervención de la UPC?

En realidad, ninguno se lo podría considerar como negativo. La designación de un interventor daría de baja el mandato de los actuales integrantes del consejo de administración, incluyendo por lo tanto a su cuerpo ejecutivo, y habilitaría la concreción de una auditoría externa para considerar la existencia de presuntas irregularidades en la gestión y manejo de los fondos de la cooperativa.

En lo que respecta a las fuentes laborales la ley garantiza que todos los trabajadores mantendrán ante la posible intervención sus puestos de trabajo bajo los convenios colectivos vigentes, incluyendo al gremio de Luz y Fuerza, al de Sanidad al cual están afiliados los empleados del área de Servicios Sociales, como así a las que prestan servicio en el sector de internet.

Además, las negociaciones paritarias continuarían según los respectivos sindicatos que representan a los empleados, definiciones que en tanto sentido no tienen lugar en la UPC local.

En cuanto a la bolsa de trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza, instancia que se utiliza para el ingreso de personal técnico a la Usina, se dejó saber que el convenio seguirá teniendo vigencia que incluye la continuidad de este régimen, preservándose así las conquistas laborales alcanzadas desde 2012.

Es importante aclarar que la figura del interventor no puede en ningún momento comprometer la calidad y seguridad laboral del personal de la cooperativa. Mantendría, se acotó, las mismas garantías y acuerdos laborales actuales.

En resumen, la connotación negativa asociada con la palabra “intervención” es simplemente como un “ardid de tinte político” de parte de aquellos que, respaldados por sus cargos ejecutivos en el consejo de administ5ración, pretenden ignorar una realidad que erosiona diariamente a una de las instituciones más importantes de la ciudad, poniéndola en riesgo incluso al borde de su disolución.

Ordenar, revisar y controlar, así como brindar transparencia en asuntos que los asociados -usuarios del servicio eléctrico- desconocen debido muchas veces a la falta de información, y volver a poner en funcionamiento una cooperativa que debe considerarse un orgullo de nuestra comunidad es una responsabilidad que cada vecino merece, formando parte de una entidad que, lamentablemente, pareciera que no la representa desde hace tiempo.

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