El delegado local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia dejó en claro en “Voces de la Ciudad” que la solicitud del Organismo de Control de la energía Eléctrica ante la distribuidora que está bajo su órbita, la UPC, nada tiene que ver con la intervención política que se pretende desde el municipio para con la concesión de la Usina.
Por ello, en nota con el periodista Jorge Gómez, el Dr. Cardoni contextualizó la situación. Para ello recapituló antes que nada que “a principio de año recordarán que el gobierno nacional informaba la necesidad de inscribirse al RASE, registro de segmentación para obtener el subsidio en servicios de gas y luz, de acuerdo al ingreso de cada usuario. Por negligencia de algunos usuarios o por falta de comunicación muchos no realizaron el trámite y la norma era bien clara: a los que no lo realizaran se les iba a facturar el servicio de energía eléctrica como Nivel 1, que es ingresos altos”.
En consecuencia, “en los meses fríos empezaron a llegar a la Defensoría personas con tarifas abultadísimas, en razón de lo cual la Secretaría de Energía de la Nación, a través de la Resolución nº 576 y en amparo de la situación, estipuló que aquellas personas que no habían hecho el trámite de segmentación debían realizarlo y presentando el certificado de la inscripción en la distribuidora eléctrica, ésta debía refacturarle al 1º de junio con la categoría que a partir de esa inscripción tenía el usuario”. Es decir, “tenías que presentar la declaración jurada con los ingresos que tenés y a partir de ahí te otorgan el nivel 1 o nivel 2, que es el de ingresos menores, mientras que el nivel 3 es ingresos medios”.
Inclusive, amplió Cardoni que “a las personas de nivel 3 que no tienen gas natural en zona fría se les otorga 800 kilowatts al precio plano más barato, y para ambos casos la distribuidora eléctrica tiene que refacturar al 1º de junio, tanto al nivel 2 como al nivel 3 sin gas natural en zona fría”.
Pero mientras que la UPC salió a decir que se estaba haciendo la refacturación, el delegado de la Defensoría reveló que “por intermedio del Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Guido Lorenzino, se confeccionaron dos notas modelo para que los usuarios se acerquen a las delegaciones de la Defensoría, nosotros de las completamos y ellos deben presentarlas en la cooperativa eléctrica o en la distribuidora eléctrica, y ésta cumpliendo la normativa debe refacturar al 1º de junio, pero nos encontramos con que en easo del nivel 2 ni siquiera les recibían la nota que los vecinos llevaban a la Usina”.
Asimismo, “en el caso del nivel 3 les tomaban la nota pero al día de la fecha no hay ningún tipo de respuesta, y en las nuevas facturas les siguen llegando con el nivel 1”, por lo que confirmó que “ante esta falta de cumplimiento con una normativa nacional, por información del OCEBA (Órgano de Control de la Energía Eléctrica de Buenos Aires), la UPC fue notificada el 4 de septiembre y han transcurrido dos meses en incumplimiento”.
En cuanto al rol local de la delegación, Cardoni señaló que “contamos con pocas herramientas, entre ellas la de solicitud de intervención, y esto ha traído un poco de confusión con lo que surgió de la Municipalidad”, pero lo cierto es que “la solicitud de intervención es una herramienta con la que cuenta la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que lo único que hace es advertirle a tal organismo (la UPC en este caso) que debe intervenir en tal situación porque es su competencia”.
Por consiguiente, afirmó que “derivamos todos los reclamos que tenemos en la delegación local y desde el área de Servicios Públicos de la Defensoría se presenta ante el directorio de la OCEBA una solicitud de intervención para que intime a la Usina Popular Cooperativa a ajustarse a derecho para garantizarle a los usuarios el derecho que se les asigna por la resolución nº 576”, a lo que agregó que “nosotros siempre actuamos ante la vulneración de los derechos de un ciudadano, y en este caso hay una vulneración específica ante el no cumplimiento de una resolución nacional por parte de la UPC”.
“De casualidad se dio que surgió el otro tema de la intervención pedida por el intendente”, aseguró Cardoni, para volver a confirmar sobre el cierre “la presentación formal de solicitud de intervención, que en este caso es el órgano de control de la energía eléctrica (OCEBA) sobre una distribuidora que está bajo su órbita”, y nada tiene que ver con la intervención política del municipio como concesionario.
