Así lo alertó el delegado local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Luciano Cardoni, en función del decreto que comienza a regir el 1º de junio con la quita de subsidios a los hogares de ingresos bajos y medios en las facturas de luz y gas.
Ante la consulta del periodista Jorge Gómez en “Voces de la Ciudad”, Cardoni afirmó que “reclamamos que el gobierno nacional dé marcha atrás con la quita de subsidios”, y en ese sentido “nos presentamos siempre en las audiencias para evitar que haya suba de tarifas de servicios públicos de manera irracional y desproporcionada”.
En este caso, y a partir de la sanción del decreto, “es que el Defensor de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, ha hecho una presentación en la Secretaría de Energía solicitando que se suspenda esta quita de subsidios destinada a los niveles de ingresos bajos y medios, que equipararía las tarifas a las de los ingresos altos”, confirmó Cardoni, señalando que “desde la Defensoría entendemos que esta medida afectaría muchísimo a los usuarios del país y los encuadraría dentro de la pobreza energética”.
Recordó seguidamente que “ya se había recibido un aumento del 350% de la tarifa de luz, sumado a eso con la quita de subsidios vamos a tener repercusiones muy fuertes”, manifestó, informando que “a partir del 1º de junio va a regir este decreto de la quita de subsidios y hay que entender la magnitud de este problema, más aún con un atraso salarial que hay. Estarán llegando facturas con un aumento sideral y esto va a golpear muchísimo al bolsillo del trabajador”.
El abogado manifestó que “el acceso a la energía eléctrica no es un lujo, sino un derecho humano fundamental y los aumentos no pueden ser confiscatorios ni afectar el derecho a la vivienda digna ni el acceso al servicio esenciales”, pero dejó entrever que “lo que va a suceder con este impacto en las tarifas es que los trabajadores tengan que elegir entre pagar la tarifa de servicios públicos o cubrir las necesidades básicas”.
Asimismo, mencionó que “se solicitó también a la Secretaría de Energía que informe la cantidad de usuarios que eran alcanzados por la segmentación de subsidios a ingresos bajos y medios para también tener en cuenta cuánticamente cuál es el impacto en la población”.
Con oficina de atención en calle 54 Nº 2946, entre 59 y 61, Cardoni concluyó afirmando que “en este primer paso se ha hecho la presentación administrativa y una vez agotada esta instancia sin obtener resultados queda abierta la vía judicial, así que veremos cuál será la decisión del Defensor del Pueblo, pero en esto se avanzará hasta las últimas consecuencias, dado que se está vulnerando un derecho humano… es una situación gravísima para los ciudadanos de nuestro país”.
