En paralelo, Servini tiene la responsabilidad de indagar a otros 23 acusados que estaban bajo la órbita de la Justicia porteña pero se acumularon a su causa, motivo por el cual permanece como única jueza a cargo de los 33 detenidos totales.
Los delitos por los que los 33 manifestantes se encuentran detenidos están relacionados con la resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Se prevé también que se los acuse de un delito similar a los primeros, es decir, que tuvieron la intención de alzarse contra el orden constitucional.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en tanto, denunció horas después del conflicto un intento de golpe de Estado y exigió que los detenidos sean investigados bajo el presunto delito de «sedición».
Desde La cartera de Seguridad, además, indicaron que ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional presentaron heridas.
La vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, presentó una denuncia ante la Justicia por los destrozos ocasionados en el Congreso el día del debate por la ley Bases a raíz del conflicto entre la policía y los manifestantes: «Se terminó el país de los violentos».
A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), la referente de La Libertad Avanza (LLA) dio a conocer el escrito: «Presentamos hoy ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder».
La denuncia por parte de la vicepresidenta surge después de que el Ministerio de Seguridad manifestara su intención de demandar los costos del operativo y pedir la reparación de los daños ocasionados por los disturbios en las afueras del Congreso.
