Así lo aclaró enfáticamente la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López, luego de que sociedades rurales del sudeste bonaerense advirtieran que “el gobierno provincial “pretende incursionar en prácticas distorsivas, ideologizadas y flojas de fundamento técnico”, lo que perjudica “enormemente” al sector productivo “más dinámico y relevante del país”.
En “Voces de la ciudad”, Jimena fue consultada al respecto por el periodista Jorge Gómez, abordando las principales cuestiones remarcadas en el texto de las sociedades rurales, lo que la presidenta de Puerto Quequén salió a echar luz.
En principio, vale recordar que el documento de las sociedad rurales remarca que “el contexto es muy alarmante e involucra a la región en todos sus aspectos”, recordando que “en noviembre se vence la concesión de Terminal Quequén, cumplidos los 30 años originales, y la prórroga por tres años. Y lo peor: no hubo acuerdo, hasta el momento, de renovar esa prórroga hasta que se confeccione un pliego consensuado entre las partes actuales».
Según las entidades alertan en su comunicado, “visto el panorama, la Provincia, que tiene puesto político en la presidencia del Consorcio de Gestión, pretende llevar a cabo una ‘licitación exprés’. En declaraciones periodísticas, la presidente en ejercicio Jimena López, aludió al gobernador Kicillof al decir: ‘Axel pide tener una reserva del 30 por ciento de los granos en acopio (…) y la provincia mediaría en la compra de esos granos’, a lo que agregó la intención de ‘crear una empresa provincial’, con fines de comercialización».
Agrega el documento una clara advertencia: “No queda claro el objetivo, pero sí la intención de entrometerse en la cadena. Dicho de otro modo, el Gobernador quiere comercializar granos bajo una figura que se parece a una ‘Junta Provincial de Granos’: un instrumento que la historia demuestra lo nocivo que podría ser para la actividad”.
En respuesta a ello, Jimena López respondió en “Voces de la ciudad” que “quiero aclarar primeramente que en ningún medio local ni por fuera de lo local hablé de una “licitación exprés”, porque primero no es una expresión mía, y segundo la licitación que se va a presentar con carácter de asamblea extraordinaria está armada bajo la misma lógica de las licitaciones internacionales que se presentan en el Banco Mundial, con un nivel de tecnicismo muy superior, así que bajo ningún concepto es una licitación exprés”.
Por otra parte, aclaró que “el 30% del que hablan las entidades es un pedido que hizo el gobernador que tiene que ver con contar en algún momento con un espacio –respetando por supuesto el trabajo calendarizado que se realiza en la elevación de los granos, y bajo ningún concepto ese porcentaje interfiere en la operatoria”.
Argumentó que “no es una intervención de la Provincia, aunque entiendo la posición de la entidad ante la falta de previsibilidad de hace tanto tiempo y que vienen insistiendo con el tema del elevador, porque hace tres años que vienen de prórroga en prórroga, pero hay que aclarar algunas cuestiones, y no es menos cierto que si no resolvemos la situación para el siguiente mes de septiembre el elevador tiene que sacar su calendario de trabajo por la incertidumbre”.
Al contrario, “nuestra función es brindar certidumbre ,ya sea por los negocios, las fuentes de trabajo o por la previsibilidad que se requiere en el calendario de trabajo, así que creo que hay que comprender todas las posturas y tratar de acercarlas, que es mi función”, siguió aclarando Jimena.
Para finalizar, volvió a explicar con énfasis que “el gobernador no se puede quedar con granos que son del privado, es una intermediación comercial entre privados, la Provincia es la dueña de la infraestructura de la terminal, a través de una concesión le da su forma de explotación de la terminal para la elevación de granos que es la subida del grano al buque, intermedian privados: los productores y la agroexportación, y el 30% tiene que ver con el acopio que se realizan de los cereales. Los cereales que llegarían ahí en todo caso son de la Provincia pero bajo ningún concepto la Provincia puede quedarse con un 30% de producción de privados, no es legal… lo aclaro mucho porque se encaran ideas que no son ciertas”, remató.
Mientras que, respecto a la licitación de Terminal Quequén, insistió en que “tiene un nivel de tecnicismo y de seguridad jurídica muy diferencial, está pensada para que solamente pueda competir gente del sector, inclusive preservando al sector para que no se puedan presentar fondos buitres ni fondos económicos, esta es una licitación específica del sector productivo agroexportador entonces hay que tener en claro quiénes podrían jugar y quiénes no, porque la idea es que la terminal siga siendo trabajada durante 30 años más en Necochea y Quequén”.
