La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez este martes en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia que se llevará a cabo para revisar los planteos de nulidad del caso.
Después de una reprogramación la semana última, la audencia tendrá lugar mañana a las 10.30 en Comodoro Py, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.
Los recursos que había presentado la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello, por lo que el expediente llegará en apelación a la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.
A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo.
El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.
El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi había pedido realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS.
Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron “errados” y “contradictorios” y tuvieron como fin “entorpecer una pesquisa incipiente”.
Ante la Cámara, esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en la instancia de apelación.
El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.
En esas grabaciones el ex funcionario mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.
El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”.
