A horas de la finalización del aislamiento estricto de nueve días ordenado por el último DNU y de cara al regreso a las restricciones regidas por criterios sanitarios hasta el 11 de junio, la Casa Rosada aguarda el impacto que se pueda registrar en los próximos días en la curva de casos y analiza para el invierno que se avecina cierres intermitentes y un refuerzo cuantitativo en el plan de vacunación.
Además, el Gobierno refuerza su pedido a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que guíen su gestión de la pandemia escuchando principalmente «a los epidemiólogos y no a los encuestadores».
Durante toda esta semana, desde las oficinas de Balcarce 50 se siguió con detenimiento el cumplimiento de las medidas adicionales que terminan este domingo por la noche y que se repetirán el fin de semana próximo -5 y 6 de junio-, a la espera de que la disminución de la circulación de personas impacte positivamente en la curva de casos.
El propio presidente Alberto Fernández dijo, durante una entrevista brindada el último jueves, que «en unos días» se van a ver «los resultados» de la actual etapa de aislamiento y confió en que «van a bajar los contagios y se va a ordenar el sistema sanitario».
El viernes, en Casa de Gobierno, los funcionarios iban en el mismo sentido: «El cumplimiento de las medidas tiene datos objetivos, hay menos circulación de coches y menos gente en los colectivos, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los epidemiólogos nos dicen que es esperable que se vea una baja en los próximos días. Es como una cuestión de ‘causa-consecuencia'».
El término «epidemiólogos» volvió a ganar terreno en el discurso oficial, no sólo para sostener la decisión de restringir de manera fuerte la circulación durante la semana que termina sino, sobre todo, en la disputa que la Nación tiene con algunas jurisdicciones respecto del camino a seguir a partir del lunes.
Tanto el Decreto de Necesidad y Urgencia vigente como el proyecto de ley que se trabaja en el Congreso nacional disponen las medidas mínimas que las administraciones locales deben tomar de acuerdo a parámetros estadísticos concretos.
Cuando una jurisdicción está en «alarma sanitaria y epidemiológica» debe, según el DNU, suspender las clases presenciales, una acción resistida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que este viernes adelantó el «retorno» a las aulas desde el próximo lunes para la mayor parte de los alumnos.
Algo similar ocurre con la provincia de Córdoba, gobernada por Juan Schiaretti, que también anunció un retorno parcial a las aulas a partir del lunes.
«El Gobierno de la Ciudad debe escuchar a los epidemiólogos y no a los encuestadores. La presencialidad no es una cuestión de deseo sino de mirar las variables epidemiológicas», dijo en las últimas horas el ministro de Educación, Nicolás Trotta, una idea que flota como un mantra entre los funcionarios nacionales.
Tanto los especialistas como los funcionarios nacionales insisten en aguardar la baja de casos pero aclaran que, con los números actuales, buena parte del país se mantendrían en condición de «alarma».
