El gobierno nacional extendió hasta el 30 de abril de 2022 el congelamiento de las tarifas de electricidad. Así lo informó, a través de una resolución, la Secretaría de Energía que encabeza Darío Martínez. Al mismo tiempo, se les garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta la finalización del verano, que será cubierto por subsidios estatales. De ese modo, se previenen probables reclamos de las concesionarias con la pretensión de trasladar a las tarifas que pagan los usuarios eventuales aumentos de costos.
La medida tiene impacto en las tarifas de todo el país, aunque las únicas distribuidoras bajo régimen de regulación nacional sean Edenor y Edesur. Ello es así dado que lo que el Estado nacional subsidia es el precio mayorista de la energía, que pagan godas las distribuidoras. Luego, cada distribuidora le agrega su remuneración, denominado Valor Agregado de Distribución (VAD), que es regulado por el ENRE en el caso de Edenor y Edesur, y por la administración provincial en el caso de las distribuidoras de cada jurisdicción.
La resolución recordó que las tarifas se encuentran «subsidiadas por el Estado Nacional, de acuerdo a cada segmento de demanda, en mayor medida en el sector residencial». Además, que «con el objetivo de transparentar la aplicación de fondos públicos al costo de la energía, es necesario informar a los usuarios en su factura, el monto correspondiente al subsidio del Estado, visualizando de esta forma el importe que debería abonar el usuario de no existir el subsidio».
En lo que va del año 2021, señala la comunicación de la Secretaría de Energía, ya se destinaron subsidios por 900 mil millones de pesos, lo cual «posibilitó que los usuarios paguen menos del 30 por ciento del costo real de la electricidad».
La ley de Presupuesto General de Recursos y Gastos para el año 2022 indica que se apunta a que la «cobertura» de la tarifa sobre los costos llegue al 43 por ciento, lo cual representaría un aumento en el precio a abonar por el usuario después de abril del año próximo, una vez que venza la nueva extensión del congelamiento.
La Ley N°27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declaró en diciembre de 2019 la emergencia pública en distintas materias, entre ellas los servicios públicos, «para reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva, y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente».
Este reordenamiento aún está pendiente y la revisión tarifaria está en manos de los entes reguladores. Hasta el momento, las distribuidoras sólo tienen permitido trasladarse a los clientes un determinado porcentaje del costo de la generación de electricidad, mientras que el resto del costo lo debe cubrir el Estado a través de subsidios.
