El Gobierno nacional constató que «ni los miembros de la tripulación» ni el avión de la empresa Emtrasur, con matrícula venezolana, que llegó al aeropuerto de Ezeiza el lunes de la semana pasada y se encuentra bajo custodia judicial, tenía «alertas ni antecedentes», reafirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
«El Gobierno llevó adelante todas las medidas que había que llevar adelante. El avión circuló por los cielos de México, Paraguay, Uruguay y fue detenido precisamente en la Argentina», dijo la funcionaria en su conferencia de prensa de los días jueves en la Casa de Gobierno.
En ese marco, precisó que «ninguno de los miembros de la tripulación tenía alertas ni antecedentes ni el avión» y añadió que, en referencia a la información relevada, «todos los datos están a la vista».
Asimismo, explicó que la aeronave «no podía cargar nafta porque las empresas proveedoras tenían una sanción económica de Estados Unidos hacia esos países pero no así los tripulantes».
«Entendemos que la novela periodística sobrepasa los límites de lo razonable y que se puede generar cierta sensibilidad tratándose de un país en el cual la Argentina sigue reclamando el esclarecimiento de los atentados sucedidos en el país», dijo y agregó: «Más allá de esta sensibilidad que entendemos, el resto forma parte de la novela que cada medio quiera hacer».
Ante otra consulta. Cerruti insistió en que el Gobierno, «a través de sus agencias, consultó en todas las bases y en todos los lugares por donde se consulta frente a estas situaciones» y reiteró que «no había ningún tipo de alerta» y que «no pesa ninguna inhibición ni sobre el avión, ni sobre los que lo estaban tripulando».
«Ahora hay una causa en la justicia por una denuncia hecha por un diputado opositor, que no pierden oportunidad de generar escándalos en lugar de trabajar para el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas, y allí deberán dirimir otro tipo de situaciones», analizó.
De esta forma, se refirió a la denuncia realizada por diputados contra la directora de Migraciones, Florencia Carignano, por el avión venezolano-iraní.
La acusación es impulsada por Ricardo López Murphy y Gerardo Milman (de Juntos por el Cambio), quienes alegaron «incumplimiento de los deberes públicos» y aseguraron en el escrito que se puso «en riesgo la seguridad nacional».
