El titular de la Fiscalía Nº 30 del Departamento Judicial de Necochea, Dr. Carlos Larrarte, se refirió a los recientes operativos y allanamientos vinculados a las denominadas «picadas» o pruebas de velocidad y destreza con motovehículos, prácticas cada vez más frecuentes en distintas zonas urbanas y que ahora están bajo la lupa de la Justicia penal.
El funcionario judicial, quien dialogó con el periodista Jorge Gómez, en el marco del programa Voces de la Ciudad que se emite a través de Estación FREE, 90.3 en FM, aclaró que este tipo de conductas, lejos de ser simples infracciones de tránsito o contravenciones municipales, pueden encuadrarse dentro del Código Penal. “El artículo 193 bis castiga con penas de seis meses a tres años de prisión a aquellas personas que, con un vehículo motorizado, realicen pruebas de velocidad o destreza que pongan en riesgo la vida o la integridad física de terceros, cuando no cuenten con la autorización de la autoridad competente, en este caso la Municipalidad”, explicó Larrarte.
El origen de la causa se remonta a una denuncia presentada por el personal del Centro Operativo de Monitoreo (COM). “Hablamos con ellos, les dijimos que hicieran una denuncia penal, y a partir de eso comenzamos a revisar imágenes de cámaras, identificar a las personas, en algunos casos por las patentes y en otros porque ya eran conocidos por infracciones anteriores o por el personal de Tránsito y Policía”, detalló el fiscal.
Gracias a esas tareas de investigación, se lograron obtener pruebas suficientes para solicitar allanamientos que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías Nº 2. Hasta el momento, se han concretado dos operativos que derivaron en hallazgos que exceden lo meramente contravencional: “Nos encontramos con motos adulteradas en su numeración, algunas robadas con pedido de secuestro de otras jurisdicciones, y en ciertos domicilios incluso había armas de fuego y estupefacientes”, reveló.
Sobre la modalidad de los allanamientos, Larrarte fue claro: “No se trata de una medida amistosa. No se golpea la puerta para pedir permiso, se irrumpe por una cuestión de seguridad, tanto para el personal como para quienes se encuentren en la vivienda”.
En este contexto, el fiscal subrayó que los implicados ya no enfrentan simplemente una multa o una sanción administrativa. “Estamos hablando de delitos. Esto ya no lo resuelve el Municipio, sino que pasa al fuero penal y se inicia una investigación judicial que, normalmente, termina en un debate oral”, sostuvo.
Finalmente, el fiscal Carlos Larrarte remarcó la importancia de visibilizar que estas conductas pueden tener consecuencias graves. “No es solo un tema de ruido o de velocidad. Se pone en juego la vida de personas ajenas y, por eso, la ley es clara y contempla penas de prisión”, concluyó.
