El incremento de salarios no remunerativo de 60 mil pesos anunciado días atrás por el ministro de Economía, Sergio Massa, para trabajadores estatales y del sector privado será aplicado bajo acuerdos paritarios ya alcanzados en varios distritos y en otros estará atado a las negociaciones en curso, mientras que 6 provincias adoptarán en tiempo y forma lo dispuesto por la Nación y hasta ahora sólo Santa Fe, Jujuy, Salta y CABA anunciaron su negativa a adherir a la medida.
El domingo último, Massa anunció el pago de dos cuotas de $30 mil en septiembre y octubre para empleados públicos y privados que perciban un ingreso neto menor a $400 mil mensuales, pero advirtió que esos incrementos son «a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra de los salarios de los trabajadores».
Aunque la propuesta es a nivel nacional, cada provincia debe establecer sus condiciones de implementación, con el objetivo de contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente al proceso inflacionario.
Con la decisión del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de fijar una recomposición salarial de emergencia de $55 mil y un bono de $400 mil, en cuatro cuotas, la provincia lidera el ranking entre los distritos que establecieron mejoras en los haberes.
En este caso, los bonos mensuales serán remunerativos y no bonificables, es decir con los aportes jubilatorios y en blanco, con el sueldo de septiembre, e impactará en todos los empleados, incluso contratados, planta permanente y docentes con hasta dos cargos (a quienes les corresponderá cobrar dos veces).
En la medida están incluidos los 15.894 empleados municipales de toda la provincia, con aporte provincial –no reintegrable- a las comunas.
Buenos Aires
La provincia con mayor número de trabajadores, respaldó lo anunciado por Massa, pero circunscribió el pago del bono al encuadre paritario, que según el gobernador Axel Kicillof «funciona muy bien» y tiene previsto para septiembre un aumento del 15% en los salarios.
Kicillof ratificó que los trabajadores tienen la garantía de su Gobierno en cuanto a que «los sueldos no pierdan con la inflación».
