Los crímenes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos hace 20 años, generaron un proceso legal que terminó con las condenas a reclusión perpetua del entonces comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, a cargo del operativo represivo.
La prisión para los responsables materiales de los crímenes no es suficiente para los familiares de los dirigentes asesinados, quienes siguen exigiendo el avance de las causas que involucran a los responsables políticos de la denominada «Masacre de Avellaneda».
La investigación que busca desentrañar las responsabilidades al más alto nivel está en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien delegó la investigación en la fiscal Paloma Ochoa.
La causa se inició en 2003 por iniciativa de la madre de Maximiliano Kosteki, Mabel Ruiz, quien falleció poco después de recurrir a los tribunales para pedir que se investigue a todos los responsables de la muerte de su hijo.
La investigación pretende determinar si existe responsabilidad en los crímenes del entonces presidente interino Eduardo Duhalde y sus ministros; concretamente si existió una orden de reprimir la movilización piquetera con balas de plomo.
La causa por las responsabilidades políticas se escindió de la que juzgó a Fanchiotti y Acosta en diciembre de 2004, a raíz de un recurso presentado ante la Corte Suprema por las querellas que representaban a los familiares de las víctimas.
Desde ese momento, el expediente no logró avances significativos y en mayo de 2012 el fiscal de la causa, Miguel Osorio, decidió archivarlo por inexistencia de pruebas.
Pero en 2015, a instancia de los familiares y sus representantes legales, se logró la reapertura del expediente por la presentación de nuevos elementos.
El último de ellos se incorporó a la investigación este año, a través del documental «Diciembre», del director Patricio Escobar y el periodista Alejandro Bercovich, en el que fue entrevistado el expresidente interino.
En el filme, Duhalde reconoce un temperamento represivo en la actitud del gobierno ante la marcha del 26 de junio de 2002, que además de las muertes de Santillán y Kosteki dejó 33 heridos con balas de plomo.
«Dí la orden de que no pasaran» los piqueteros, dice Duhalde en el documental y refuerza: «La gente no puede hacer lo que quiera».
