La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita” y evaluó que los jueces y fiscales que intervienen en el juicio por la obra pública en Santa Cruz «creen que son más que nosotros y pueden juzgar todo».
Así lo señaló al exponer vía Zoom desde su despacho en el Senado de la Nación, en el juicio oral y público que se le sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
La exmandataria señaló que para los fiscales «tres gobiernos constitucionales fueron considerados como asociaciones ilícitas para hacer 51 contratos de obra pública en Santa Cruz», y sostuvo que esa enunciación «no puede ser tomada en serio y raya en el ridículo».
Fernández de Kirchner reafirmó que le fue “negado» su derecho a ejercer su defensa tras el alegato del fiscal Diego Luciani, y destacó las palabras expuestas por uno de sus abogados, Carlos Beraldi, al considerar que dejó a la luz «todas las arbitrariedades de este juicio».
En ese marco, recordó que “jueces y fiscales de este juicio jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri”, en la línea con su denuncia pública sobre una persecución por parte de sectores del Poder Judicial hacia su persona.
«Voy a pedir que se extraiga testimonio de todos y cada una de las mentiras de los fiscales, contrastadas con las pruebas que tuvo este juicio», manifestó, y señaló que «si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión».
«Quiero que el mundo pueda observar lo que fue este juicio», continuó, y sentenció: “Estamos ante un claro caso de prevaricato”.
“Confrontados los dichos de los fiscales con las pruebas, queda demostrado que los fiscales Mola y Luciani mintieron en su acusación”, siguió. En esta línea, afirmó que la acusación de los fiscales «es profundamente inconstitucional».
Durante el juicio “fueron puestos como prueba de delitos decretos aprobados por el Parlamento, algo que no es posible”, cuestionó, y remarcó: «Para traerme a mí a este juicio, lo hicieron de los pelos. Se violó la Constitución. La justicia actúa así solo conmigo y eso no es bueno para el país».
En referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su casa, dijo que los detenidos por el atentado que sufrió «no son autores intelectuales».
En esta línea, cuestionó los vínculos de este grupo con sectores de la oposición: «El abogado de quien me quiso matar es asesor de un senador» de Juntos por el Cambio, recordó, y dijo que se siente «en estado de indefensión».
La exmandataria tomó la palabra luego de su abogado Carlos Belardi, quién aseguró surante su alegato que la Vicepresidenta «jamás impartió ninguna directiva vinculada» a las 51 obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz a las que la fiscalía adjudica delitos en el juicio de la llamada causa Vialidad.
«Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan», sostuvo Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato final.
El abogado expuso de manera previa a que la Vicepresidenta hable ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en ejercicio de su propia defensa y luego por la tarde cerrará el alegato con el pedido formal de absolución.
