La pertenencia a un bloque no asegura posiciones. La primera expresión de esta afirmación es que Raúl Jalil, gobernador de Catamarca cercano a Alberto Fernández durante su presidencia y activo en la campaña a favor de Sergio Massa, manifestó su interés en la aprobación del proyecto. El peronismo catamarqueño tiene dos bancas en la Cámara Alta y habría dos posturas contrapuestas: Lucía Corpacci, exmandataria con peso propio dentro del PJ nacional, rechazaría la ley mientras que Guillermo Andrada, que fue ministro de Comunicación de Jalil, acompañaría la posición del gobernador.
Otra de las dudas dentro del espacio, además de los catamarqueños, será la posición de Nora del Valle Giménez (Salta) y de Sandra Mendoza (Tucumán). Ambas tienen cercanía con la expresidenta Cristina Kirchner y su correspondencia con los mandatarios provinciales no se ejercería tan linealmente como en Diputados, aunque no se descarta que acompañen el proyecto.
A estos nombres claves se le adhieren legisladores con peso propio o proyección personal para gobernar en sus distritos: Edgardo Kueider, Camau Espinola, Alejandra Vigo (justicialistas pero fuera del bloque de Unión por la Patria), Pablo Blanco y Martín Lousteau (los dos de la UCR). Estos 11 nombres son los que definirán el futuro de la ley Bases. Todos ellos votaron en rechazo o en abstención al DNU 70/2023, que aún continúa en vigencia porque resta el tratamiento en Diputados.
Los gobernadores le piden a Nación transferencias discrecionales. Y esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei”. La declaración fue realizada en agosto del 2023 -plena campaña- por la actual diputada nacional Marcela Pagano, hoy desplazada y amenazada por los miembros de su propio bloque.
La correspondencia entre las reuniones del ministro Guillermo Francos con mandatarios provinciales y la aceptación de la ley Bases por parte de diputados de esos distritos explicita que fue atinada la proyección de la periodista.
La necesidad de incrementos paritarios a estatales (incluidos sectores fundamentales, como policías y trabajadores de la salud), la falta de finalización de infraestructura pública y la marginalidad del presupuesto para asistencia social provocan urgencia en las finanzas provinciales y repercuten en el posicionamiento de los mandatarios.
Para el caso, el misionero Hugo Passalaqua mencionó en su discurso de apertura de sesiones que «los esfuerzos están focalizados en aquellas obras que se encuentran con importante grado de avance y cuya finalización es de impacto». Uno de sus mayores intereses, junto al mandatario de Salta, es la aprobación del régimen impositivo del tabaco.
