El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, mantendrá esta semana una ronda de reuniones con intendentes del conurbano bonaerense para avanzar en la organización de la auditoría que realizarán universidades públicas sobre el funcionamiento del programa Potenciar Trabajo, con la intención de reordenar los planes sociales.
La semana última, al presentar sus primeras medidas al frente del Palacio de Hacienda, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó que el Gobierno nacional avanzará en un reordenamiento de los planes en un proceso a desplegar durante los próximos 12 meses, que comenzará el próximo 15 de agosto con el inicio de la auditoría.
La idea de la cartera de Zabaleta es diseñar operativos masivos por etapas en todo el país, similares a los que se realizaron al inicio de la gestión de Alberto Fernández para distribuir las Tarjetas Alimentar entre la población más vulnerable, informaron fuentes oficiales a Télam.
En principio, el ministro -acompañado por su vice Gustavo Aguilera y por el titular de la Unidad Ejecutora del Programa Potenciar Trabajo, Pablo País- encarará en los próximos días una serie de reuniones de articulación con jefes comunales -de diferentes signos políticos- pertenecientes a la Primera y Tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.
En esos encuentros, se comenzará a diseñar un operativo que incluirá lugares y convocatorias específicas a los beneficiarios del plan a través de la APP Mi Argentina, entre otras herramientas de comunicación.
Los beneficiarios del programa deberán concurrir personalmente a esos lugares para ser encuestados por estudiantes universitarios, quienes completarán un formulario web en tiempo real que consta de una treintena de preguntas que recogerá información sociodemográfica de cada persona y datos sobre las actividades que realiza dentro y fuera del programa.
Se les preguntará sobre su situación habitacional, socio educativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan.
Las Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de constatar la participación del beneficiario en el programa y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria; y pueden ser gubernamentales (como municipios y provincias) o no gubernamentales, como organizaciones sociales, asociaciones civiles, federaciones o cooperativas.
En paralelo, Zabaleta avanza con sus pares de las provincias para la implementación del operativo en todo el país: el último viernes -por ejemplo- se reunió con su colega de Misiones, Fernando Meza, y el subsecretario de Abordaje Territorial de San Juan, Cristian Morales, para analizar la puesta en marcha de las auditorías y trabajar en forma articulada con las universidades nacionales que la llevarán adelante.
«Vamos a tener mayor claridad sobre las distintas prestaciones de servicio y tendremos más datos que tienen que ver con la promoción humana: niveles educativos, procesos de relevamiento de prestaciones de servicios, cuáles son las unidades de gestión y la cobertura territorial», explicó Meza tras ese encuentro.
