Luego de que el bloque radical pidiera en el Concejo Deliberante la suspensión de actividades hasta conocer el estado dominial del vehículo que utiliza el municipio, el secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, aseguró que “la minuta no tiene ningún basamento legal”, y opinó que “si a alguien le molesta que el intendente visite los barrios ya es una discusión política”.
En el programa radial «Voces de la Ciudad», afirmó que la minuta que solicita la suspensión de las actividades de la Oficina Móvil, que es utilizada por el intendente Arturo Rojas y su grupo de funcionarios para recorrer los barrios del distrito, “no tiene ningún basamento legal”.
Impulsado por el bloque radical, el proyecto fue tratado en el órgano legislativo, luego de lo cual pasó a comisión con vistos y considerandos polémicos, entre los que exige a los responsables de Patrimonio y Compras, y a la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, información acerca de la adquisición del vehículo automotor que se utiliza para tal fin.
En tal sentido, el funcionario resaltó en FM Vinilo 103.5 MHz que, “efectivamente, la Oficina Móvil es un colectivo que el municipio recibió en comodato, un contrato como cualquier otro que el intendente tiene la atribución de firmar, y que no es necesario ir al Concejo Deliberante para que autorice”.
La controversia se despertó luego de que se conociera que el vehículo fue cedido por el partido que lidera el Jefe de la comuna, acción que fue vista como una “movida política” por el bloque opositor. Luego de certificar que “al municipio no le sale un centavo la utilización del colectivo”, Povilaitis manifestó que “en el Registro del Automotor está inscripto a nombre de la Agrupación Vecinal Nueva Necochea, siendo el titular del dominio el partido que lo ofreció en comodato. El Ejecutivo lo aceptó y no es necesario que intervenga el Concejo”.
“Estas discusiones ya están saldadas hace infinidad de años, ya está resuelto en Asesoría de Gobierno y en el Tribunal de Cuentas. Puntualmente, hay un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades, el 107 inciso 14, que atribuye la potestad al Ejecutivo de la celebración de contratos”, continuó explicando el Secretario.
Según el abogado, esta situación “es absolutamente correcta y lícita, y la minuta no tiene ningún basamento legal”, y opinó: “Después, si a alguien le molesta que el Intendente visite los barrios ya es una discusión política, y los anhelos personales volcados en minutas no tiene mucha relevancia. Legalmente, no hay ningún tipo de cuestionamiento para hacer”, sentenció.
