Se trata de la Resolución 72/2019 del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la cual la administración de Alberto Fernández dispuso la instalación de Unidades de Expedición y Recepción (UER) dependientes del Registro Nacional de Reincidencia, en los Registros del Automotor.
Ahora, a través de otra Resolución -la 141/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial- el Ministerio de Justicia dispuso eliminar esa medida, a raíz de que el Registro Nacional de Reincidencia «ha experimentado un profundo proceso de avance tecnológico lo que permite en la actualidad que los ciudadanos argentinos puedan solicitar, abonar y diligenciar sus Certificados de Antecedentes Penales de forma totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a Sede Descentralizada alguna o recurrir a Unidades de Expedición y Recepción (UER)».
Por ese motivo, Justicia instruyó al Registro de Reincidencia y a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor «a arbitrar las medidas necesarias para proceder a la desinstalación de las Unidades de Expedición y Recepción (UER) emplazadas en los términos de la Resolución 72/2019 del 18 de enero de 2019″.
A partir de diciembre de aquel año, el Certificado de Antecedentes Penales podía realizarse en todos los Registros de la Propiedad Automotor, con el fin de «agilizar los tiempos de gestión», según justificó el Poder Ejecutivo en aquel entonces.
Ese Certificado es un documento en formato electrónico emitido por el Registro Nacional de Reincidencia mediante el cual se certifica la existencia o no de antecedentes o procesos penales pendientes del solicitante.
